LA SANTA ALIANZA DEMOCRÁTICA*

GENARO CAMPOS RÍOS
«Lo que más principalmente ha de dividir en lo sucesivo a los hombres, sobre todo en estas nuestras sociedades latinas [...], no han de ser los candidatos al trono, no ha de ser siquiera en forma de gobierno, ha de ser más que nada esta cuestión de la propiedad. La propiedad, representación del principio de continuidad social; la propiedad, en que está representado el amor del padre al hijo, y el amor del hijo al nieto; la propiedad, que es desde el principio del mundo hasta ahora la verdadera fuente y la verdadera base de la sociedad humana; la propiedad se defenderá [...] con cualquier forma de gobierno, con todos los que real y verdaderamente defiendan la propiedad [...] se creará una grande escuela, se creará un grande y verdadero partido, que, aún cuando entre sí tenga divisiones profundas, como todos los partidos las tienen, estará siempre unido por un vinculo, por un fortísimo lazo común[1]. «Nosotros queremos [...] la propiedad individual y condenamos [...] la propiedad colectiva; nosotros creemos que la propiedad colectiva es pura y simplemente la barbarie, el retroceso, ni más ni menos»[2] «La propiedad no significa, después de todo, en el mundo, más que el derecho de las superioridades humanas; y en la lucha que se ha entablado entre la superioridad natural, entre la desigualdad natural, tal como Dios la creó y la inferioridad que Dios también ha creado, en esa lucha, triunfará Dios y triunfará la superioridad contra la inferioridad»[3]
Para Cánovas la posición ante la gran cuestión de la propiedad era lo que principalmente había de dividir a los hombres. Según Cánovas, el restaurador de la Monarquía, la forma de gobierno, «los candidatos al trono», etc., no eran lo fundamental. Tampoco lo era las profundas divisiones que pudieran existir entre los diversos partidos políticos siempre que coincidieran en la defensa de la propiedad privada, gran «principio de continuidad social». La distinción fundamental, estimaba este hombre, se encontraba en la posición que se adoptara ante esta cuestión de la propiedad. La gran división se encontraba entre aquellos que defendieran la propiedad individual que encarnaba «el derecho de las superioridades», «la desigualdad natural» y la propiedad colectiva, «pura y simplemente la barbarie». Casi cien años más tarde, de una u otra manera, la posición ante esta cuestión continúa siendo, con las ineludibles puntualizaciones y actualizaciones, un punto de referencia obligado. Es evidente que existe una amplia gama de empresas «bárbaras», en la terminología de Cánovas, o públicas, colectivas o democratizables (Entidades Oficiales de Crédito, Banco de España, INI, Renfe, Telefónica, Campsa, Cajas de Ahorros, Cajas Rurales, etc.) que se constituyeron, generalmente, en etapas no democráticas y es igualmente un hecho que, aún, queda en poder de Ayuntamientos, Comunidades de Tierras y Villas, una importante masa de tierras, más o menos comunales. También es un hecho fácilmente constatable tanto una fuerte dispersión de la propiedad mobiliaria —se considera que existen en España tres millones de accionistas— como una paralela concentración del control empresarial por una élite burguesa-financiera que solemos denominar oligarquía en cuanto que estimamos que controla y maneja no sólo el poder económico sino también y, de forma más o menos directa, el aparato del Estado. En nuestros días y salvando las distancias de todo tipo, la posición ante «la gran cuestión de la propiedad» y su control sigue siendo una de las cuestiones uno de los puntos más cruciales, para definir y situar realmente las distintas alternativas políticas.
¿Qué opinan las principales opciones políticas? ¿Cuál es su posición ante esta cuestión trascendental? Evidentemente, ha podido constatarse la existencia de un alto grado de confusión sobre éste y sobre otros temas. En principio, ninguna fuerza política se ha definido ni ofrecido un conocimiento adecuado y preciso del «producto» ofrecido aquí y ahora. El pueblo ha votado con «fe» por alternativas más igualitarias expuestas, a nivel formal, de forma vaga por unos partidos políticos que, en su lógica ansia de captación de clientelas, han relegado cuestiones fundamentales en sus exposiciones públicas y en sus programas electorales distorsionando un tanto su imagen tradicional. Ante la «magna» cuestión de la propiedad, todas las fuerzas que se venían definiendo como «bárbaras» en la terminología canovista aparecen, ahora, en mayor o menor medida integradas en el «grande y verdadero partido»[4].
La derecha y la izquierda han corrido hacia posiciones moderadas que se consideran y considera mayoritarias en el país. En este «campo», unos afirmaban que «la moderación está representada por el Centro, que es el sector que puede hacer posible la democracia, la convivencia y el diálogo»[5]; otros —Alianza Popular— se definían como «un partido moderado, de ideología centrista»[6]
En la «izquierda», el profesor Tierno Galván denunciaba en los días inmediatamente anteriores a la elección: «Estamos hoy día en una especie de baile de máscaras en el que todos buscan el mismo disfraz: la moderación. En ese baile, en el que todos llevan el traje de Caperucita, el PSP aparece con el traje que lleva siempre: el de la izquierda»[7]
Los dos más calificados representantes del PSOE en un texto sobre el partido, elaborado por sus dos máximas estrellas antes de las elecciones, se proclamaban «revolucionarios». «Hoy, si la derecha se autocalifica centro; el centro, izquierda; los liberales, socialdemócratas; y los comunistas, socialistas; los socialistas se proclaman revolucionarios»[8] Sin embargo, el PSOE durante la campaña no intentó captar votos por «su izquierda», en la que situó al PCE y a otros partidos. A su vez el PCE estimó que «España va a las elecciones en plena ceremonia de la confusión: aquí, de repente, todo el mundo es demócrata, liberal, social, socialdemócrata, y hasta socialista. Casi nadie se reconoce de derechas; a lo máximo dice estar en el centro» . Santiago Carrillo se quejó de la «rara unanimidad en reprocharnos nuestra ‘moderación’ [...] se nos acusa de querer ocupar con fines electoralistas el espacio político que correspondería a otras fuerzas. En el fondo, dan la impresión de que desearían que los comunistas fuésemos como nos describía la propaganda fascista y no como realmente somos. Lo lamentaremos, pero no podemos complacerles. Aquello que se llama moderación comunista no es más que realismo»[9].
La moderación, en síntesis fue «vendida» por unos y por otros en una anticipación lógica a lo que, más o menos, se suponía era la posición mayoritaria del país. Esa moderación sólo fue salpicada un tanto por alguna demagogia verbal orientada a alancear al franquismo o a aquellos que se han considerado sus continuadores. Los excesos verbales se tenían que plantear como protagonistas básicos de una campaña electoral en la que se ofrecían muy pocos signos diferenciales de contenidos. Estos «contenidos» electorales son difíciles de explicitar en la medida en que difieren de los programas tradicionales y que, incluso, han variado en el transcurso del periodo electoral. Así, sólo es posible una clasificación «en la medida de lo posible» porque, por buena voluntad que se tenga, son fácilmente comprobables no sólo notorias identidades entre lo ofrecido por unos y otros partidos, sino también los cambios de posición de cada uno de los propios partidos alo largo de la campaña hasta el punto que podría hablarse de varios «productos » diferentes ofrecidos por un mismo partido. Cambios de posición que, al afectar a cuestiones fundamentales, lógicamente han incrementado el grado de confusión.
Por último y como consecuencia de la coyuntura de crisis económica por la que atraviesa el país, casi todos los partidos han tendido a marginar las grandes temas de posición ante el sistema y su negación y se han orientado hacia ‘los problemas de la crisis, es decir, ofrecer soluciones para salir de esa crisis en la que está sumido el sistema capitalista español.
Los partidos políticos ante el sistema capitalista español
Los partidos políticos que más transformaciones pretenden, de acuerdo a sus denominaciones sociales, son —lógicamente— el PSOE, PSP y PCE, que aspiraban, aspiran o decían o dicen aspirar a destruir, en un plazo mayor o menor, el sistema capitalista para implantar —en plazos más o menos largos— un sistema socialista o comunista.
El PSOE. El PSOE que, en sus más recientes congresos, aspira a la conquista del poder político y económico por la cia- se trabajadora y la radical transformación de la sociedad capitalista en sociedad socialista»[10], se define como «socialista porque su programa y su acción van encaminados a la superación del modo de producción capitalista mediante la toma del poder político y económico y la socialización de los medios de producción»[11]. El PSOE que se reafirma como un partido de «masas, marxista y democrático»[12], lucha por «la desaparición de la explotación del hombre por el hombre y construcción de una sociedad sin clases»[13]
El objetivo de la revolución económica del PSOE es «la apropiación de los medios de producción (las fábricas, las minas, los campos, los transportes, los servicios, los recursos financieros...) por la comunidad de trabajadores»[14], en el Contexto de «un nuevo modelo de sociedad en el que socialismo y libertad no sean conceptos opuestos, sino mutuamente determinantes; en el que todos los hombres sean dueños de su trabajo y de su conciencia; en el que el poder de decisión y los beneficios sociales pertenezcan, solidariamente, a la comunidad, y no a minorías dominantes, cualquiera que sea su signo. Es decir, el PSOE pretende llegar a un socialismo autogestionario» [15] que no se alcanzará, «hasta que se cubra ese objetivo final de sociedad sin clases, con la consiguiente desaparición del Estado»[16] En la etapa transitoria de construcción del socialismo «en la que serán necesarias intervenciones enérgicas y decisivas sobre los derechos adquiridos y las estructuras económicas de la sociedad burguesa» u, el PSOE aspira a conseguir medidas concretas que afecten a la propiedad privada cuya desaparición contempla en un periodo de «doscientos, trescientos» o más años[17]: «En este país hay mucha pequeña y mediana empresa que, naturalmente, va a existir durante un periodo larguísimo de tiempo; yo diría que siempre, porque no se pueden hacer planteamientos a quinientos años o a doscientos años»[18] El PSOE, antes de esta más que centenaria fase de eliminación de la propiedad privada, «tras la estabilización de la democracia en España»[19], espera «el avance progresivo de las fuerzas de la izquierda con la consecución por la izquierda de la mayoría parlamentaria y la formación de gobiernos representativos de los trabajadores podrá comenzar una etapa de transición hacia una sociedad sin clases y sin los irracionales derroches que hoy caracterizan a los regímenes capitalistas» [20] En esta fase de transición al socialismo, el PSOE propone «un programa de nacionalizaciones, una alteración de la estructura actual de poder en las grandes empresas, tanto industriales como agrarias, y una planificación que asegure la coordinación de las distintas unidades en aras del interés general». «El actual sistema de propiedad capitalista de las empresas otorga a una minoría lejana a la actividad productiva de las mismas —al menos en las grandes sociedades anónimas— todos los derechos importantes de gestión y un poder abusivo sobre el trabajo de la mayoría asalariada. Se generan así enormes concentraciones de poder en manos de grupos privados monopolísticos, que lo usan para presionar tanto al Estado como a los trabajadores y para orientar así la política en favor de sus intereses, que no coinciden con los de la generalidad. Por ello, un funcionamiento eficaz de la democracia, reflejado concretamente en la vida de los trabajadores, exige una transformación profunda del sistema económico, de modo que, lejos de ser nociones contrapuestas, democracia política y democracia económica sean conceptos inseparables en una sociedad moderna.
En la transición al socialismo es necesaria una serie de nacionalizaciones, que se enumeran más adelante, para reforzar el papel orientador y corrector del sector público. Estas nacionalizaciones no deben hacerse —salvo en situaciones excepcionales de sabotaje económico o de quebrantamiento de las normas democráticas— sin indenmizaciones, pues el capital de las correspondientes empresas materializa, en general, un esfuerzo de ahorro socialmente útil y que debe ser estimulado y remunerado[21]
Pues bien, el PSOE ha mantenido, de una u otra forma, tanto en el XVII Congreso como durante la campaña electoral —de forma más moderada— la necesidad de nacionalizar la gran banca, la siderurgia integral, las empresas eléctricas, las minas de carbón, el sector del petróleo, los servicios públicos básicos de transporte colectivo y distribución de agua y gas, etc.
a) Con respecto a la banca privada, eje fundamental de todo el sistema capitalista español, el PSOE parte de las siguientes premisas: su «dominio virtual sobre todas las actividades económicas del país» como consecuencia de haber sido «la única fuente de financiación de la economía española»[22], su control político: «La propia intervención del Estado en el terreno económico ha estado siempre condicionada por la banca, gracias a la influencia política de ésta. Basta con examinar los pasos desde los consejos de administración de la gran banca y de sus empresas a los sucesivos consejos de ministros de los últimos cuarenta años, y viceversa, para darse cuenta de hasta qué punto los intereses y deseos de la gran banca han estado siempre presentes en las más altas instancias del Estado. La gran banca está hoy controlada por los grupos más reaccionarios del capitalismo español, que utilizan y utilizarán su enorme poder para obstaculizar todos lo proyectos de progreso económico y social. Un gobierno socialista no puede permitir que el desarrollo de la actividad bancaria sirva de palanca política a esos grupos para hacer saltar el sistema o someterlo a sus deseos[23]. Además, el PSOE considera a la banca «un grupo oligopolístico, cuyos miembros, pese a una apariencia superficial de competencia siempre se ponen de acuerdo para explotar y dominar al resto de los sectores económicos»[24] Estas afirmaciones, estos puntos de partida deberían ser matizados. Aunque en trabajos como éste en el que se tiende a reflejar lo más objetivamente posible y sin entrar en su discusión las posiciones ideológicas, juicios de valor, argumentos de autoridad, cabe al menos denunciar que determinadas premisas o hechos de los que se parte dogmáticamente para justificar ciertas medidas, son discutibles o, simplemente, inexactos. Así, es comprobable que la etapa en que la política económica benefició en mayor medida a la Banca privada fue el periodo en el que tenía menos representantes en el gobierno. También es comprobable que la banca tiene un poder económico declinante mientras que el capital extranjero ha aumentado sustancialmente su poder económico. Del mismo modo es difícil negar que la Banca, si bien se sigue articulando de manera corporativa, está sometida a una mayor competencia que en épocas pasadas. En este sentido, es evidente que premisas verdaderas en el pasado no tienen por qué seguir siéndolo en el presente. Los grupos de poder cambian con el tiempo. En el sistema capitalista español, como ya hemos señalado, los principales grupos de poder son la Banca privada, el capital extranjero y el propio Estado[25] —la Banca con un poder declinante y el capital extranjero y el Estado con un poder ascendente—. Pues bien, las medidas que propone el PSOE consisten no en nacionalizar por principio toda la Banca, sino únicamente «los grandes grupos bancarios»: «Caben dos alternativas en la nacionalización de la Banca: extender la medida a todos los bancos o solamente a las grandes instituciones. Existen una serie de razones poderosas para nacionalizar solamente a los grandes grupos bancarios. En primer lugar, esta medida supondría ya el paso al sector público de la mayor parte del negocio bancario, dada la fuerte concentración que existe en este sector. Segundo, es en la gran banca donde se producen los fenómenos oligopolistas y de poder político. Tercero, dejando un sector privado, se mantendría una competencia entre éste y el público, lo cual siempre es conveniente para evitar una burocratización de los bancos públicos. Por último, después de la nacionalización habrá que seguir contando con instituciones financieras que participen en la promoción de unas empresas de tipo medio, labor que no es propia de unos bancos tamaño medio y pequeño[26]
La medida propuesta es discutible. Primero, porque el socialismo pasa por la propiedad social, colectiva de todos los medios de producción segundo, porque las nacionalizaciones aisladas sólo son comprensibles en contextos neocapitalistas o como medidas de transición al socialismo y en este contexto de «transición» en el que el PSOE y otros partidos se mueven, parece razonable que a lo que primeramente se habría de aspirar es a controlar —digamos que democráticamente— los medios de producción que son ya propiedad estatal. En una táctica de transición, «ir a por» los que tienen el mayor poder económico cuando aún no se ha logrado el control de empresas públicas, EOC, Cajas de Ahorro, etc., no deja de ser un exceso verbal difícil de concretar. Tercero, la nacionalización de la Banca en general no llevaría implícita más que su nacionalización como «intermediario financiero» pero no en su aspecto de «capital financiero». Es decir, dada la multitud de instituciones financieras y la propia estructura accionarial de las grandes empresas, la nacionalización de la Banca no implica necesariamente —como hubiera ocurrido hace algunos años— la nacionalización de sociedades industriales. Cuarto, si el PSOE se considera capacitado para llevar a cabo ahora la nacionalización de la Banca que es el principal grupo de poder económico del país se puede afirmar que no habría que esperar esos 200, 300 o más años para hacer posible el socialismo[27], Quinto, a nivel más concreto, no es convincente nacionalizar sólo los grandes grupos bancarios. Esta medida tendente a establecer un sector financiero mixto tiene más inconvenientes que ventajas dado que el coste y riesgo político de la operación es sustancialmente el mismo —el poder está en los grandes bancos y no en los pequeños— que el que supone una nacionalización total del sector. Supondría para todo el sector la implantación de los criterios capitalistas de los bancos no nacionalizados que exigirían un trato igualitario. Plantearía problemas entre las nacionalidades, pues sólo Cataluña quedaría con una banca privada importante, dándose así un premio a la mediocridad, a una burguesía financiera como la catalana que tradicionalmente se caracterizó por su estrechez e incapacidad para expansionarse por todo el mercado nacional. Sexto, esa pequeña y mediana banca no nacionalizada, que en los momentos actuales tiene un indudable poder económico —muy fuerte en sus propios feudos— plantearía problemas y tensiones en un plazo breve. b) Con respecto a otros sectores el PSOE «defiende el paso a la propiedad social de las siguientes industrias»[28]
1) En el sector energético: «Se nacionalizará la industria eléctrica, hoy organizada como grupo de presión extremadamente importante, cuya expresión es UNESA, que ha llegado de hecho a dirigir los organismos de la administración que, teóricamente, debían haberla controlado, consiguiendo generalmente imponer sus intereses e impedir una planificación nacional desde el punto de vista de la conveniencia del país. El sector público, a través de INI, en lugar de combatir las prácticas monopolísticas que en este sector se practican, ha hecho causa común con el sector privado, defendiendo con el mismo ardor que la oligarquía financiera los intereses de grupo en detrimento de los intereses de los consumidores y los del público. La iniciativa privada pierde aquí toda su razón de ser, ya que no asume ningún riesgo —al desenvolverse su actividad en un mercado monopolista—, no pone más que una pequeña parte de dinero, puesto que el grueso lo ponen el Estado y los consumidores, deja al Estado y a las corporaciones municipales el encargo de realizar la electrificación rural, la cual, después de realizadas las redes, pasará a su cargo, como ha ocurrido en el pasado: como resultado final, un pequeño grupo pasa a controlar la mayor parte del sector energético del país. En el sector de petróleo se nacionalizará la CAMPSA, para evitar la actual colisión entre intereses privados y públicos, así como una estructura antieconómica que desfavorece las inversiones en distribución y los intereses de los consumidores. Los intereses y participaciones del Estado en el campo de la exploración y del refino del petróleo se agruparán en una sola empresa enteramente estatal que asegure una gestión unificada de la política petrolífera. La fiscalidad sobre las empresas que desarrollen la exploración se moderará con objeto de fomentar dicha actividad, pero el Estado se reservará la posibilidad de aumentarla y de exigir una participación creciente, a medida que pueda progresar el autoabastecimiento petrolífero del país. Se nacionalizarán las minas de carbón, sector en el que, al quedar en manos del Estado a través de HUNOSA las explotaciones marginales, obtienen una renta de situación injustificada. Ello permitirá también la necesaria concentración de explotaciones. Se englobarán en la empresa estatal ENAGAS la compra, el transporte y la distribución de gas natural. La política en el sector de la energía nuclear será replanteada y sometida a amplio debate público y democrático, no a la conveniencia de las empresas eléctricas monopolistas que hasta ahora han dirigido su desarrollo, sino a los intereses generales y, en especial, a la protección al medio ambiente.»[29] «2. En el sector siderúrgico se concentrará toda la industria integral en una empresa estatal, que tiene como base a ENSIDESA, pues la actual situación impide la optimización y el desarrollo armónico de las dos empresas principales. 3. En la minería debe llevarse a sus últimas consecuencias el principio expresado en la ley de que el subsuelo es propiedad de toda la nación, elevándose los cánones de los yacimientos en explotación, que hoy son puramente simbólicos, en los casos en que el Estado no decida explotar directamente las minas. 4. Se introducirá el sector público en la industria farmacéutica, hoy controlada en gran proporción por el capital extranjero, para llevar a cabo en España fabricaciones de materias básicas que abaraten el coste de los productos farmacéuticos. La Seguridad social constituye una concentración muy importante de poder de compra, que permitirá el desarrollo de una industria nacional que impida la explotación de un negocio hoy monopolístico. 5. En la industria alimentaria se reforzará también el sector público para ejercer una función promotora y para romper situaciones abusivas y monopolistas»[30] «Los transportes y otros servicios públicos deben sufrir un proceso de socialización para poder realizar una política uniforme en el sector. Sería necesario previamente una acción intensa de información de la que surgiría la posibilidad de una consulta ciudadana, para que la participación de los propios usuarios dé coherencia a la organización del sector»[31]. De todo el programa nacionalizador, por unos motivos o por otros, objetivamente, los sectores que menos problemas plantean son el energético, el siderúrgico y el minero. En el sector energético debido a que un número considerable de empresas son ya propiedad del Estado y las que no lo son tienen una baja rentabilidad como es empíricamente demostrable y lo es más aún si se la compara con la de otros sectores y ramas productivas cuya nacionalización no se exige. Si bien es cierto que la industria eléctrica está organizada corporativamente, hay que señalar que, en todo caso, es un instrumento de ese potente grupo de presión que es la Banca. La matización es importante, pues no se trata de una actividad autónoma que maximice beneficios en el propio sector, sino de una actividad económica englobada en un bloque de intereses; y es a nivel de bloque donde se maximizan beneficios. Por eso, la rentabilidad es baja y los «beneficios de las eléctricas.» se hallan no en el «producto» que obtienen cada año sino en los negocios que proporciona la construcción de centrales, el manejo de las inversiones, etc. Un análisis de las pretensiones de las eléctricas expuestas regularmente en las Juntas de Accionistas de cada año demuestra hasta qué punto el sector, contrariamente a la creencia general, no ha conseguido imponer sus criterios en lo que respecta a la política de precios. Y si no lo han conseguido habría que añadir que es porque ello no conduce a la maximización de beneficios del bloque. Por ello, ni este argumento, ni el de la ausencia de riesgo en el sector son felices. La maximización de beneficios en el sistema no viene, precisamente, por este tipo de empresas en que la propiedad está muy extendida, sino por otras empresas y sectores de propiedad mucho más concentrada y personalizada que bien requieren este input al más bajo coste posible o bien abastecen o aportan servicios a estas grandes empresas. Los beneficios se trasvasan así, de estas grandes sociedades cuyas acciones están repartidas entre cientos de miles de accionistas a aquellas empresas controladas y poseídas muchas veces por las mismas personas que manejan las eléctricas en las que apenas si cuentan (y poseen) un pequeño puñado de acciones. Las eléctricas son un tipo de empresas en que se cumple el principio del moderno capitalismo que se basa en que «la oligarquía» «debe» controlar el máximo capital ajeno con el empleo e inmovilización del mínimo capital propio. Las «monopolizadas» eléctricas controladas por unos «notables», hombres del sistema que poseen un ínfimo porcentaje de acciones, proporcionan enormes beneficios —a bancos, constructoras, etc.— con el manejo de las ingentes inversiones que requieren y beneficios indirectos no menores a empresa y actividades consumidoras de energía, y en las que la banca y el capital extranjero van centrando sus intereses, con la aportación de este input a precios bajos mediante un sistema de tarifas unificadas que ha permitido: 1) un despilfarro de este bien tan escaso al igualar su precio en distintos espacios del país que es y debería ser desigual en función de las distancias entre zonas productoras y consumidoras en función de la fuente de energía utilizada —es desigual el precio de la energía eléctrica producida por los Saltos del Duero que el producido por térmicas que importan petróleo; 2) una distorsión en la localización industrial al no discriminar el precio de tan importante input entre unos espacios económicos y otros.
Evidentemente, la nacionalización del sector eléctrico es no sólo factible sino incluso deseable para la gran mayoría de ahorradores que «invirtieron» en tan desastroso negocio. Ahora bien, no dice mucho a favor de quienes la propugnan, utilizando argumentaciones desfasadas o simplemente erróneas o demagógicas. No hay que incurrir en ningún proceso verbal para predecir, en un periodo no muy lejano, y dentro del mismo sistema capitalista (en un sistema socialista es premisa que todos los medios de producción están socializados), que este servicio público pasará al sector público de la economía sin que ello signifique «traumas» de ningún género. Tampoco es aventurado predecir que será deficitario y que el déficit será cubierto socialmente en beneficio particular de los más fuertes consumidores de este input. Tampoco debería plantear serios obstáculos la «nacionalización» de la CAMPSA, empresa en la que la participación del Estado es suficiente para controlarla absolutamente aunque, evidentemente, el control del Estado desde el momento que la empresa cuenta con accionistas privados no es suficiente para poder realizar una política ajena al principio del beneficio. A los accionistas privados se les puede pedir que cumplan con determinadas reglas de juego, pero mientras el sistema capitalista subsista —y se permita la obtención de beneficios en otras empresas y sectores o se premie el ahorro privado con un interés —no se les podrá obligar a tener pérdidas mediante la fijación de unos precios políticos «antieconómicos». A nadie puede extrañar la oposición de los miles de accionistas privados a esta política (el cortapisas). Por supuesto, la «nacionalización» en ningún caso debería servir para hacer posible la vuelta de las grandes compañías del petróleo, hecho que supondría uno de los repliegues —o marcha atrás— más espectacular en la política petrolífera. La política propuesta con respecto al gas no plantea problemas. No así la política en el sector de la energía nuclear que —como ya señalamos a raíz de otorgarse la primera concesión— hubiera sido lógico que, aun dentro del capitalismo, quedara bajo control y propiedad exclusiva del Estado, dado que éste es el llamado a facilitar la financiación, o al menos los avales para recurrir al crédito del exterior, para acometer las cuantiosas inversiones que exigen la puesta en marcha de las centrales nucleares, inversiones que facilitan pingües ganancias a todas las empresas nacionales y extranjeras que intervienen en su construcción. Por supuesto, el futuro de esta actividad está indisolublemente ligado a las medidas que se adopten respecto a las empresas eléctricas. Si éstas son nacionalizadas, las centrales nucleares serían nacionalizadas al mismo tiempo. Así es que en este aspecto huelga la discusión que el PSOE desarrolla en el punto 1 a). En cuanto al «debate público y democrático» debe reducirse a los siguientes puntos: a) un debate técnico sobre los posibles peligros; b) un debate económico sobre las necesidades energéticas del país, sus diferentes costes según el tipo de energía, y c) caso de realizarse este tipo de centrales, un debate sobre la localización de las mismas y la adecuada compensación a las zonas «penalizadas» con su instalación mediante la consiguiente instalación de industrias consumidoras de esa energía de forma tal que se cumpla el principio de que la «energía sea para el que la trabaje» o, en este caso, para quien la «sufra». Por ejemplo, montar una nuclear en Zamora, provincia fuertemente excedentaria en energía hidroeléctrica para cubrir las necesidades crecientes —por una hipertrofia en la localización industrial— de Madrid o Bilbao es no sólo rechazable éticamente —si Euskadi, que necesita e importa energía de Zamora, no quiere ser una Hiroshima no existe razón para que una provincia exportadora como Zamora lo sea— sino también económicamente, pues el consumo en la propia zona productiva ahorra energía, potencia la industria, lo que es, en último término, un beneficio lógico para el espacio que asume riesgos que nadie desea[32].
La nacionalización del sector siderúrgico con las acciones de Altos Hornos de Vizcaya al 70 % tampoco debe presentar obstáculos. Este sector —como ya señalamos hace algunos años, a raíz de la primera crisis de AHV a mediados de los años sesenta— ya tendría que estar en manos del Estado, pero de nuevo el manejo de las grandes inversiones por los grupos financieros impidió una «racionalización» del sector —destinado a ofrecer inputs a los más bajos precios posibles a la industria transformadora— que, a largo plazo, hubiera beneficiado a todo el sector privado de la economía[33]. Más problemas debe plantear la política propuesta en la industria farmacéutica o alimenticia. Ahora bien, la presencia del sector público en estos sectores en competencia con los intereses privados es insuficiente. Este tipo de economía mixta es menos consecuente de lo que aparenta en la medida que los principios operativos son los que impone el sector privado, pues no valdría una competencia basada en una política de empresa pública asentada en las pérdidas o no beneficios de estas empresas. Este tipo de competencia sería denunciado como desleal. Durante la campaña electoral la postura del PSOE ante la política de nacionalizaciones fue mucho más matizada no dejando de ser elocuente, a este respecto, el siguiente diálogo que tuvo lugar en el transcurso de la «Semana informativa sobre los programas económicos de los principales grupos políticos» realizada en el Instituto Español de Analistas de Inversiones»:
« Pregunta: —Hay una serie de preguntas que se refieren precisamente a la filosofía general económica del Partido Socialista Obrero Español; en una de ellas se dice que en una anterior sesión, Cruz Martínez Esteruelas explicó el programa de Alianza Popular; el programa en general y el programa económico, sus colaboradores, y propugnaba una política de una Sociedad tan justa e igualitaria como la que propugna el Partido Socialista Obrero Español. Dice: Si no van a nacionalizar nada, tampoco lo va a hacer Alianza Popular, y descartando el tema del inmovilismo o del franquismo, ¿QUE DIFERENCIAS HAY ENTRE EL PSOE Y ALIANZA POPULAR? Las tres líneas maestras del programa económico del PSOE: favorecimiento del empleo, control salarial para frenar la inflación y liberación de la balanza de pagos, coinciden básicamente en su formulación con el programa de Alianza Popular. ¿DONDE ESTÁN LAS DIFERENCIAS? ¿CÓMO SE ENCARRILA UN PROGRAMA ECONOMICO QUE ADMITE LA ECONOMIA DE MERCADO Y PRETENDE UNIR EN ELLA, CON UNA IDEOLOGÍA DECLARADAMENTE MARXISTA, COMO LA QUE EL PSOE HACE SALIR DE ELLA? ¿QUE OPINA EL PSOE SOBRE LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA? Política de naciona1izaciones en el sistema bancario, todos los bancos, los grandes sistemas mixtos. ¿CÓMO SE REGULARA EL COMPORTAMIENTO DE LA BANCA Y EL CREDITO? ¿POR QUE NO SE EXPLICAN LAS RAZONES DE UNA EVENTUAL NACIONALIZACION DE LAS INDUSTRIAS ELECTRICAS, TENIENDO EN CUENTA LOS PRECEDENTES DE INGLATERRA Y FRANCIA, DONDE FUNDAMENTALMENTE SE DEBIERON A RAZONES MÁS POLITICAS QUE A RAZONES DE ORDEN ECONOMICO? Evidentemente, es muy conveniente que podamos profundizar un poco más en este sentido para conocer con mayor profundidad y, a ser posible, con mayor concreción las líneas, especialmente en lo que se refiere al sistema de economía de mercado o economía dirigista, economía de tipo no capitalista —liberal— o una economía de tipo intervencionista.»
Habla Felipe Gonzalez: «Querría hacer sólo una pequeña introducción. Hay veces que se habla de programas económicos por razones políticas. Creo que hay bastante razón en esto. Normalmente, los economistas lo que hacen es, digamos, dar disgustos a los políticos si son economistas realistas. Son un poco como el anuncio de que no hay Reyes Magos que le hacen atino cuando tiene seis años y llega el compañero del colegio y te dice que los Reyes Magos son el padre, que compra el juguete, y entonces se deshace todo un planteamiento ideológico-político que muchas veces está muy separado de una realidad o de una estructura económica en funcionamiento. No obstante, lo que sí es posible o pensable es que entre tres opciones igualmente razonables desde el punto de vista económico, el político —por razones políticas— elija una de ellas. Lo que no puede hacer es elegir la cuarta. Si elige la cuarta produce un desastre económico que va acompañado de un desastre político. Por consiguiente, siempre hay una incidencia de las opciones políticas en lo que pueden ser alternativas económicas. Por ejemplo, según mis noticias, no soy técnico en la materia, una buena ley de control del crédito podría producir los mismos efectos que una nacionalización parcial del crédito y probablemente tendría menos efectos negativos para un sector de la población. Sin embargo, para otro sector de la población sería muy difícil explicar que una ley de control del crédito va a producir exactamente los mismos efectos que una nacionalización parcial del crédito. Entonces, el apoyo a una determinada tarea político- económica de una parte del pueblo es decisivo para el funcionamiento de la -democracia. Y el político lo que hace es valorar, la sensibilidad de esa parte del pueblo que puede apoyar - una u otra alternativa. Si en realidad coincidimos tanto con Alianza Popular es que nos hemos explicado mal, no cabe la menor duda»[34]. En todo caso, el líder socialista, después de las elecciones, ha aclarado las posibles dudas. Según Felipe González «el PSOE es un partido socialista [...] pragmático en cuanto ha de saber moderar su forma de actuación a las circunstancias históricas y a las circunstancias geográficas en que opera [...] es un partido revolucionario en cuanto no acepta el sistema capitalista de producción y aspira a transformarlo»[35] El PSOE, que en síntesis «quiere ser tan radical como exigen sus principios socialistas y tan moderado como marcan las circunstancias históricas por las que atraviesa el país» y estima, incluso, que la nacionalización del sector bancario sería «incluso» innecesaria «si hubiese una ley que permitiera un eficaz control del crédito y del flujo monetario»[36].
Si los sectores más poderosos en el mundo bancario se niegan a la existencia de esa ley de control eficaz, evidentemente la nacionalización se hace imprescindible. No se trata de expoliar a nadie de sus propiedades, sino de indemnizar de una forma que permita el pago escalonado, bien en deuda del Tesoro que no suponga una sangría ni para los propietarios —los accionistas— ni para el pequeño ahorrador, que es el que debe quedar absolutamente salvado en cualquier operación de crédito bien a través del control o de la nacionalización[37]. La posición del PSOE ante la Banca parece, pues, decantarse hacia el control o, incluso, la nacionalización de este sector como intermediario financiero marginando, por el momento, la gran cuestión del poder de la Banca que, más o menos controlada —ésta sería, sin duda la opción a que se avendrían sus dirigentes— seguiría ejerciendo el dominio sobre las grandes empresas del país. Aunque se afirma que la Banca española «resulta ser de hecho y de derecho la más controlada del mundo»[38] a través del Ministerio de Hacienda y del Banco de España, habría que preguntar quién controla estas instituciones. En general, la política del PSOE plantea un mayor intervencionismo estatal, una mayor presencia del sector público en la actividad económica centrada, por el momento, en los sectores básicos y en el sistema financiero. Tal política, que es, evidentemente, pragmática y posibilista, representa una opción reformista en la que el tránsito hacia el socialismo es planteado a largo plazo desde un capitalismo de Estado cada vez más extenso. F. González y A. Guerra afirman que «los gobiernos vienen aplicando una política acorde con los intereses de la oligarquía industrial y financiera con una fuerte dependencia del capital internacional»[39]
La política concreta sobre las inversiones y el capital extranjero, que curiosamente no aparece en el Programa del XXVII Congreso, quedó explicitada por los dos líderes sobre la base de «ejercer un control de las inversiones extranjeras con un criterio realista que atienda a la necesidad de capital exterior de la economía española y a las garantías que toda inversión extranjera debe ofrecer respecto a la necesidades internas». «Un gobierno democrático debe establecer una Ley de control de las inversiones extranjeras y exigir a las multinacionales garantías de: inversión en sectores industriales y regionales declarados prioritarios; empleo y participación de los trabajadores en la fijación de las condiciones de trabajo; reinversión de un porcentaje de los beneficios, a negociar, en investigación en el país, etc.
Tal vez el aspecto más importante de una política de control de las inversiones extranjeras sea el control fiscal de los beneficios reales transferidos al exterior, que facilitan la evasión de capitales en momentos políticos difíciles. La solución internacional del problema político que plantea el poder de las multinacionales, que llegan a estar por encima de las decisiones de los gobiernos, sólo puede alcanzarse con la colaboración de los gobiernos de los países afectados. Las razones políticas de la existencia de la inversión extranjera en un periodo de transición se fundamentan en el principio de que es preferible crear un puesto de trabajo en nuestro país a «exportar» un trabajador fuera de nuestras fronteras. Pero la independencia política y económica del país exige la puesta en práctica inmediata de las medidas descritas anteriormente». Con respecto al gran tema del capital extranjero, la posición del PSOE es abiertamente favorable pues estima que «en un periodo de transición» «es preferible crear un puesto de trabajo en nuestro país a «exportar un trabajador fuera de nuestras fronteras». En este problema no ha dejado de ser significativa la limitación del tratamiento que en los manifiestos, declaraciones, mítines, etc., se le ha dado. O no aparece o aparece de una forma un tanto oscura. La palabra imperialismo no parece existir para el PSOE, aunque en el punto 6 de la Resolución política del XXVII Congreso se define como «un partido internacionalista y antiimperialista que concibe que la liberación de los trabajadores sólo será efectiva cuando se realice a escala universal y lucha por esta emancipación mundial», y se compromete a mostrarse «solidario con la lucha de liberación de los pueblos oprimidos por el imperialismo económico y político de otras potencias» Esta tajante resolución política, curiosamente, no tiene plasmación alguna en la resolución económica.
El Partido Comunista de España. El «partido político de la clase obrera, el guía y organizador del movimiento progresivo y revolucionario del pueblo [...] es la unión voluntaria y combativa, basada en la ideología marxista-leninista, de los luchadores avanzados de la clase obrera, de los campesinos, de las fuerzas de la cultura, de todos los trabajadores españoles […] lucha por el derrocamiento del régimen de los capitalistas y terratenientes, por la transformación socialista de la sociedad, por el comunismo»[40] y «educa a sus militantes en el espíritu de fidelidad insobornable a la causa de la clase obrera y del pueblo, en el espíritu del internacionalismo proletario, de la solidaridad entre los trabajadores de todos los países en la lucha contra el imperialismo»[41] El PCE parte de la afirmación de que «sólo por medio de la revolución socialista se resolverá la contradicción entre el trabajo y el capital; entre la clase obrera y la masa de asalariados y la burguesía» Para alcanzar la revolución socialista en la que no exista propiedad privada, el PCE considera tácticamente que deben darse pasos graduales en función, sin duda, de la «correlación de fuerzas en cada momento». No es extraño que, en función del alcance de los programas, éstos difieran entre sí pues se refieren a lo que habría que hacer en diferentes circunstancias. Así, el Programa electoral, el más inmediato, el más a corto plazo, el PCE lo plantea fundamentalmente como un voto por la democracia. «A través de la campaña electoral y con su participación en las elecciones, el PCE se propone un primer objetivo: Poner fin a la inseguridad y acabar con el temor de los españoles a votar con arreglo a su opinión, sea ésta cual sea; convencerles de que votar por la democracia contribuirá a abrir un largo periodo de tranquilidad, de seguridad para todos los españoles, independientemente de sus ideas e intereses. Conseguir que cada español vote conforme a su conciencia, rechazando con dignidad las coacciones y la propaganda del miedo. El voto democrático es garantía de la estabilidad y la convivencia pacífica de los españoles en el futuro.»[42] Votar las candidaturas del PCE es, pues, votar a quienes han luchado de verdad para que España sea libre, para que quienes trabajan vivan mejor, para que haya justicia y cesen la corrupción y los privilegios, para que nadie sea perseguido por sus ideas. Quien vote por el PCE no será decepcionado; una larga ejecutoria de sacrificios y desinterés, de sincronización entre las palabras y los hechos, es la mejor garantía de que el voto comunista es un voto por la democracia[43]. Sobre estas ideas tendentes a la consolidación democrática, el PCE consideró pertinente poner el acento más en los problemas coyunturales que en los estructurales y optar por un «plan de saneamiento de la economía y nuevas formas de desarrollo económico democrático» «El PCE considera que el primer paso a dar para la solución de tan graves problemas es el logro de la confianza del conjunto de las fuerzas sociales en un plan de saneamiento económico y en nuevas formas de desarrollo democrático. Al referimos al conjunto de las fuerzas sociales estamos subrayando que no basta la confianza del capital extranjero y del gran capital español: es imprescindible lograr la confianza de los obreros, los profesionales, funcionarios y empleados; del pequeño y medio empresario y de los agricultores y ganaderos sin cuya participación activa no es posible intentar solución a los problemas de la crisis»[44] En base a estas premisas, el PCE no planteó ninguna medida que pusiera en cuestión la propiedad privada ni, por supuesto, hizo referencia alguna a problemas relativos a la concentración de poder económico, al control ejercido por el capital financiero y el capital extranjero, a los monopolios, etc. Así, al margen de «una reforma fiscal que gravase progresivamente a los sectores más poderosos de la sociedad se estima que el plan económico tendría que apoyarse: En la reforma y control de la seguridad social, para evitar su actual carácter regresivo sobre las pequeñas y medianas empresas y facilitar la creación de puestos de trabajo.
En el control democrático de la utilización de los recursos financieros de que disponen la Banca privada y las Cajas de Ahorro, orientándolos en función de las necesidades económicas y sociales del desarrollo. En la utilización democrática del Instituto Nacional de la Vivienda y del Instituto Nacional del Urbanismo para evitar la secuelas negativas y la disponibilidad privada del suelo y de las actividades especulativas en la construcción, que hoy encarecen la vivienda y son un factor de inflación. En el saneamiento y democratización del Instituto Nacional de Industria y de las demás empresas públicas»[45]. En todos estos puntos, menos en el relativo a la Banca, el PCE no hace sino exigir un control democrático de medios de producción colectivos o de instituciones que tienen el carácter de públicas. Sin embargo, en lo relativo a la Banca es oscura la expresión utilizada de «control democrático de la utilización de los recursos financieros» de que dispone, mientras en las Cajas —dado el carácter que tienen— no habría nada que oponer al concepto, en la Banca —sociedades privadas con ánimo de lucro que manejan recursos propios y sobre todo ajenos— el concepto hace referencia al marco institucional y al sector público: «la democratización del crédito es una serie de temas muy claros y concretos, es la democratización del Consejo del Banco de España, donde todavía hay, podríamos decir, una sobrerrepresentación bancaria, en relación con otros sectores económicos; es la reordenación del Consejo Superior Bancario, [que] es un ente mixto de la Banca y el Estado y que tiene funciones prácticamente paralegislativas, lo cual es, digamos, una anomalía administrativa importante. Para nosotros la democratización del crédito es introducir serias reformas en el ICO, Instituto de Crédito Oficial, y en toda la Banca nacionalizada; si hoy el crédito que suministran estas entidades se sitúa en trescientos mil millones de pesetas al año, esto viene a ser un 10 por 100 de los depósitos bancarios; es, ya es una proporción importante, significa que es una «red» importante para el desarrollo que no se puede utilizar privilegiadamente para determinados grupos, como ha venido sucediendo, y todos recordamos toda una serie de episodios en el pasado»[46]. El control democrático «no es un concepto similar al de nacionalización»; los hombres más representativos del PCE no contemplan «en este periodo ninguna medida de socialización de la Banca»[47] aunque son partidarios de ella «en su momento»[48]«Cuando hayamos conseguido y asegurado la democracia en España, el PCE, junto con las demás fuerzas democráticas, luchará por la nacionalización de la Banca y de todas las instituciones de crédito, para ponerlas al servicio de la economía nacional y no como sucede hoy, que la economía nacional está al servicio de los banqueros y manipulada por ellos. La nacionalización se hará respetando religiosamente los intereses de los pequeños y medianos accionistas. Por el momento la nacionalización no es posible, pero se deben estudiar y poner en práctica medidas que controlen la actividad de la Banca»[49] También se considera que «una política de nacionalizaciones puede ser acertada o desacertada según el momento y la forma en que se haga»[50] Durante la campaña electoral, los más altos dirigentes del PCE manifestaron que el Partido «no se propone descartar la iniciativa privada»[51] que debe «incluso en el futuro» desempeñar un importante papel «en la perspectiva de una democracia política y económica como la que figura en nuestro programa de mayor alcance[52] en el que se considera necesaria «la coexistencia de un sistema de economía mixta, pública y privada»[53]
«Cuando en determinadas condiciones históricas los poderes revolucionarios han precipitado el paso de toda la propiedad privada propiedad social, ello se ha traducido general mente en una destrucción y desorganización de fuerzas productivas y de servicios que han redundado en el empeoramiento de las condiciones de vida de las masas. La razón reside en que la propiedad artesanal la pequeña y, hasta cierto punto, la mediana empresa y el comercio del mismo tipo, no son formas económicas maduras para el socialismo. Son formas primarias del régimen burgués, en cuyo funcionamiento económico eficaz el propietario desempeña aún un gran papel. La forma concreta más madura para el socialismo que puede pasar sin transición a la propiedad social es, precisamente, la gran empresa. [...] «Sólo el desarrollo de la gran industria pública puede crear la abundancia de productos que haga innecesaria y económicamente anacrónica la producción del pequeño propietario. Del mismo modo, sólo el desarrollo de grandes sistemas públicos de servicio social, que alcancen a los más amplios sectores de la población hacen superfluos los servicios del propietario individual […] Según el modelo de desarrollo económico socialista que el Partido Comunista propone para España, la abolición de toda forma de propiedad privada capitalista se hará de forma gradual, a medida que se multipliquen las fuerzas productivas, que se consiga la abundancia de productos, la extensión de los sistemas de servicios. Para regular y asegurar la dirección del proceso en un sentido socialista la clase obrera dispondrá de dos palancas esenciales: el poder político y la propiedad social de los medios fundamentales de producción y de crédito que hoy detenta la oligarquía»[54] «el Partido Comunista estima que en el camino hacia la revolución socialista existe objetivamente una etapa intermedia que permite a la clase obrera ponerse al frente de las amplias masas populares, establecer una alianza con sectores sociales antimonopolistas para abatir el poder económico y político de los grupos monopolistas, dando así un paso decisivo hacia su propia liberación. Esta etapa es la de la democracia política y social, o democracia antimonopolista y antilatifundista. En ella no se trata de abolir la propiedad privada y de implantar el socialismo, sino de establecer un poder democrático de todas las fuerzas antimonopolísticas, comprendida la pequeña y mediana burguesía, aunque lógicamente en ese poder, como en dicha alianza, el papel dirigente debe estar desempeñado, en definitiva por las fuerzas del trabajo y de la cultura, por el bloque de los obreros, los campesinos y los intelectuales. La democracia política y social no es aún el socialismo, pero es la fase inmediata del desarrollo social para avanzar hacía él, «no nos permite de momento prescindir de la inversión extranjera»[55] «Necesitamos de ella y necesitaremos probablemente durante un tiempo. Es claro que al inversor extranjero, a las multinacionales debemos respetarles sus inversiones y los beneficios legítimos que obtengan, después de pagar los impuestos correspondientes. Pero la inversión extranjera sólo puede permitirse de forma que no hipote que la soberanía política y económica de nuestro país; y sin tolerar a las multinacionales la más pequeña ingerencia en nuestros asuntos»[56] «Nosotros no estamos contra la participación del capital extranjero en el desarrollo económico de España, y no lo estamos porque somos conscientes de nuestra capacidad de acumulación, porque somos conscientes de la aportación de tecnología que podemos recibir del capital extranjero, que somos también conscientes que es muy difícil oponerse a una corriente histórica de internacionalización de los mercados con una serie de productos que realmente están en manos de un grupo muy reducido de empresas. Ahora, junto con esta constatación objetiva, nuestro partido pone todo su énfasis en que este problema tiene que estar dominado por el interés nacional, es decir, todo el proceso de inversiones extranjeras debe ser regido, depurado y controlado por el superior interés nacional, y si algún reproche serio hay que hacer a las inversiones extranjeras en los años, en los dos decenios pasados, [es] la falta, de manera, de una manera muy grave del interés nacional, en la selección y la orientación de las inversiones extranjeras, yo quiero recordar, y aquí, sin duda, muchos de ustedes tan familiarizados con ellos, lo conocen»[57]. En esta línea, el PCE estima que las relaciones España-Estados Unidos «deben continuar e incluso aumentarse [...] intensificándose lo más posible y sobre la base del mutuo interés » en el terreno económico. Con respecto al capitalismo de Estado, el PCE considera que «el desarrollo económico se apoyará en el sector público de la economía» descansando en la empresa pública «la tarea de dotar al país de las producciones esenciales» Por último el PCE estima que «los pequeños y medianos capitalistas son víctimas también, como los trabajadores, aunque en menor medida, de la capacidad de los grandes capitalistas monopolistas, de los miembros de la oligarquía financiera y terrateniente, que son los que explotan y dominan económica y políticamente a todo el pueblo. Los intereses de los pequeños y medianos capitalistas coinciden hoy con los de los trabajadores y de todo el pueblo. Deben ser respetados escrupulosamente». En el Programa electoral se reitera la necesidad de «un trato equitativo a los intereses de la pequeña y mediana empresa» y la oposición a «cualquier política polarizada a los intereses del gran capital».
En resumen, la línea electoral del PCE expresamente contraria a sus estatutos, parte del reconocimiento de una clase dominante monolítica, la oligarquía latifundista-financiera, que entendemos no tiene la virtualidad que este partido le concede; de la necesidad de la inversión extranjera «durante un tiempo», de la continuidad y acrecentamiento de las relaciones con Estados Unidos y del respeto «escrupuloso» a la pequeña y mediana empresa. Obviamente y, por el momento, también el PCE integra el gran partido canovista, aunque lo mismo que el PSOE colabore a empujar al sistema desde posiciones de dominio de la burguesía nacional a una mayor integración con respecto al capital norteamericano, dependencia de la que, parece, opina que podrá liberarse el país en un futuro más o menos próximo. El gran beneficiario de los cambios acaecidos en la «superestructura» política es, pues, el capital extranjero. Estos cambios no han hecho sino adaptar aquella «superestructura» poniéndola al servicio de éste, que —como ya habíamos señalado desde estas páginas— gozaba de un poder económico cada vez mayor. [Véase Cuadernos de Ruedo ibérico, 49-50: Genaro Campos Ríos: «Franquismo y oligarquía»]

En la medida en que algunos dicen perseguir a un plazo más o menos largo un sistema socialista, la opción táctica en la que se han embarcado es discutible. Las posibilidades de una socialización en un sistema capitalista como el español, fuerte y crecientemente integrado —y dependiente— del capitalismo mundial, son muy problemáticas al margen de la evolución de ese capitalismo. En tanto prosiga esta inserción del sistema español, las medidas nacionalizadoras aisladas sólo podrán ser medidas que afecten a la burguesía nacional y sean toleradas por los países imperialistas. En general, los programas de los partidos —aun con algunas dosis «nacionalizadoras»— no prevén medidas contra sectores, intereses y empresas vinculados al capital extranjero, hecho que resulta perfectamente coherente con el mayor poder adquirido recientemente por éste, habida cuenta de los móviles de actuación de unos partidos políticos que como en cierta ocasión señaló Schumpeter— se ajustan más bien a los de cualquier tienda o supermercado, en la que el objetivo no es vender un determinado producto sino revalorizar el establecimiento y para ello ofrecer aquellos de casas solventes que se considere que puedan tener aceptación entre la clientela. Pues si realmente persiguieran vender cada uno un determinado producto no podría explicar- se que el mismo muestrario apareciera en todos los establecimientos, como se demuestra ampliamente a lo largo de este texto y como se puede constatar también en los dos anexos que se ofrecen sobre las posiciones de los partidos en torno a la reforma fiscal y sobre el enjuiciamiento de la actual coyuntura económica. De esta manera, no tiene nada de extraño que esa «Santa Alianza» canovista defensora de la propiedad y de la «libre empresa» haya tomado cuerpo en el llamado Pacto de la Moncloa.

Ruedo Ibérico, II Época, 58-60, julio de 1977
* Este trabajo fue redactado en la segunda quincena de junio de 1977. El autor ha incorporado algunas notas explicativas a pie de página con posterioridad.
[1] A. Cánovas del Castillo, Discurso sobre la internacional, en Problemas contemporóneos, Madrid, 1890, volumen 1, p. 418
[2] Ibid., p. 434.
[3] Ibid., p. 409.
[4] 5e reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia,, (Artículo 29.1 del Anteproyecto de Constitución (Boletín de las Cortes, 5 de enero de 1978, p. 674). El PSOE considera que debe redactarse de la siguiente forma: ‘La propiedad pública y privada cumplirá una finalidad social en beneficio del interés general» (Ibid., p. 715). El PCE puntualiza que «ningún español podrá ser privado de sus bienes excepto por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por tas leyes (Ibid., p. 704).
[5] Tácito, «El triunfo de la moderación,’, en Ya, 24 de mayo de 1977, p. 3.
[6] C. Martínez Esteruelas, Aiianza Popular es un partido moderado, de inspiración centrista, en ABC, 9 de junio de 1977, p.18.
[7] E. Tierno Galván, declaraciones a El País, 13 de junio de 1977.
[8] F. González y A. Guerra, PSOE, Albia, Bilbao, 1977, p. 27.
[9] S. Carrillo, en Diario de Diarios, 9-10 de junio de 1977. p. 6.
[10] Resoluciones del XXVII congreso (octubre de 1974), en F. Bustelo y otros, PSOE, Avance, 1976, p. 49.
[11] PSOE, Resolución política del XXVII Congreso del Partido Socialista Obrero Español, Avance, Madrid, 1977, p. 116.
[12] Idem.
[13] Idem
[14] F. González y A. Guerra, Partido Socialista Obrero Español, Albia, Madrid, 1977, p. 24.
[15] Ibid., p. 19.
[16] PSOE, Resolución política del XXVII Congreso, op. oit.,p. 117.
[17] F. González en Programas económicos de los partidos políticos, Instituto de Analistas Financieros, Madrid, 1977,
[18] Idem
[19] PSOE, Programa económico, XXVII Congreso, op. cit., p. 207.
[20] Idem
[21] PSOE, Programa económico, XXVII Congreso, op. cii., p. 208-209 y 257.
[22] Ibid., p. 263.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Véase S. Roldán, 3. Muñoz, A. Serrano: ¿Qué el el capitalismo español, Gaya Ciencia, Barcelona, 1977.
[26] PSOE, XXVII Congreso, op. cii., p. 264.
[27] Ibid.
[28] Ibid., p. 265.
[29] Ibid., p. 265 y 266. Las cursivas son nuestras.
[30] Idem, p. 267. Las cursivas son nuestras.
[31] F. González y A. Guerra, op. cit., p. 91.
[32] El PSOE en sus enmiendas al Proyecto de Constitución considera que es —o debe ser— «competencia de las Cortes la legislación exclusiva y del gobierno y la Administración central la ejecución directa, de lo relativo a energía nuclear y «competencia de los órganos de los territorios autónomos la legislación exclusiva y la ejecución de lo relativo a ordenación y defensa del medio ambiente y de los recursos naturales. Parece que menos a nivel de competencias, energía nuclear y medio ambiente tienen mucho que ver.
[33] Los problemas del sector siderúrgico vuelven a ser agudos: Altos Hornos del Mediterráneo soporta tales pérdidas que no extrañaría su «nacionalización o «confiscación’ por el Estado. Tampoco extrañaría un nuevo programa de ayudas y subvenciones o acciones concertadas, pues esta política «franquista’ de sostener a cualquier precio empresas grandes —donde la clientela de la izquierda es amplia— la exigen ahora las centrales sindicales y los propios partidos que, no hace mucho, la denunciaban.
[34] Instituto Español de Analistas de Inversiones, Semana informativa sobre los programas económicos de los principales grupos políticos, Madrid 1977, p. 221 y 222.
[35] F. González, declaraciones en exclusiva a Ya, 29 de junio de 1977, p. - 14.
[36] Ibid
[37] Ibid.
[38] Afirmaciones como ésta son constantes en los dirigentes de la Banca española.
[39] El concepto de oligarquía industrial y financiera, es, en cierta manera reiterativo si entendemos, con los clásicos que capital financiero es la fusión del capital bancario con el capital industrial
[40] Estatutos del Partido Comunista de España aprobados en su VIII Congreso. 1972, apartado 1.
[41] Idem.
[42] S. Carrillo y S. Sánchez Montero, Partido Comunista de España, Albia, Bilbao, 1977, p. 27. Las cursivas son de los autores.
[43] Idem
[44] Idem
[45] Idem. Las cursivas son nuestras.
[46] T. García en ,Programas económicos de los partido políticos. Partido Comunista Española. Instituto de Analista de Inversiones, Op. cit., p. 282. Las cursivas son nuestras
[47] 5. Carrillo, ibid., p. 267.
[48] S. Carrillo y S. Sánchez Montero, op. oit, p. 86.
[49] Ibid., p. 86 y 87.
[50] Ibíd., p. 87.
[51] S. Carrillo, Programas económicos... Partido Comunista Español, Instituto de Analistas de Inversiones, Op. oit p. 365.
[52] Idem.
[53] Idem.
[54] S. carrillo y S. Sánchez Montero, «‘Partido Comunista de España. Principios doctrinales,,, op. cit., p. 29 y 30. Las cursivas son nuestras.
[55] S. carrillo y S. Sánchez Montero, op. cit., p. 85.
[56] Idem. Las cursivas son nuestras.
[57] T. García, en «Programas económicos de los partidos políticos,,, op. oit., p. 284 y 285.
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